lunes, 4 de octubre de 2010

Julio Cortés, abogado defensor de anarquistas presos


Fuente: www.elsurco.net

Julio Cortés, abogado. Colaborador del Pikete Jurídico y la Defensoría Popular. En el “caso bombas” asume la defensa de Felipe Guerra, Carlos Riveros y Diego Morales.

Ante el actual escenario que viven 14 individuos anarquistas y/o anti-autoritarios, algunos recluidos y otros en la calle con medidas cautelares ¿podrías indicarnos que significa en términos legales estar procesado por “asociación ilícita terrorista”?

Es una clara decisión política por parte del poder: se podría investigar y sancionar estos hechos como delitos comunes o “normales” (daños, ley de control de armas y explosivos…) pero al invocar la Ley de Conductas Terroristas se echa mano del mayor nivel de represión que las legalidad vigente permite: las penas suben drásticamente, varias garantías procesales se suprimen o debilitan, y además se genera un tremendo efecto de estigmatización, tanto de los acusados como de todo el “ambiente” libertario.

Lo siniestro de la maniobra no se agota en esto: al señalar que existe una “asociación ilícita terrorista” (A.I.T.), es posible ir arrimando más personas a este engendro sin necesidad de que tengan que ver con la colocación de bombas. Según el Código Penal (artículo 292 y siguientes) las asociaciones ilícitas constituyen un delito “por el sólo hecho de organizarse”. Así, si bien se han cuidado de señalar que no se trata de perseguir ideas, en la práctica cualquiera que suscriba puntos de vista anti-autoritarios y no se limite a reflexionar sobre ello está bajo sospecha.

Según los argumentos de la defensa de las personas procesadas ¿por qué no corresponde aplicar esta ley a personas que se autodenominan anarquistas y/o antiautoritarios?

Es notable cómo desde la prensa oficial y los voceros del Gobierno/Estado han dicho distintas cosas: hasta hace unos pocos meses se trataba de “lumpen inorgánico autodenominado anarquista”, y ahora resulta que todos se creen el cuento de la fiscalía: “centros de poder”, organización jerárquica, financiamiento del extranjero, etc. La cuestión es clara: una asociación ilícita es un especie de “mini-estado” que se constituye con la finalidad de cometer crímenes. Tiene jefes y soldados, disciplina, jerarquía, mandos verticales, buena provisión de fondos y logística… En resumen, todo lo opuesto a la manera en que los libertarios viven, piensan, actúan y se organizan.

Para hacer tragar al público estas ruedas de carreta y poder decir que aquí estamos frente a una A.I.T., Peña y los suyos dijeron que se trataba de una organización “horizontal”, con una docena de miembros a nivel de base, pero con dos jefes ubicados por encima de ellos, que ejercerían un liderazgo “informal, inclusive democrático” (sic). Es un absurdo tremendo, y desafía toda inteligencia y lógica, pero fue validado en este primer nivel de la criminalización por los tribunales de la República (el 11º de Garantía, y luego la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel).

El Ministro del Interior Hinzpeter ha hablado de que “hay que frenar el incipiente terrorismo en Chile”. ¿Es correcto hablar de terrorismo cuando se citan los múltiples atentados explosivos e incendiarios que han afectado a bancos, comisarías, etc.?

Una de las gracias de esta Ley creada por la dictadura y perfeccionada por la democracia es que no define bien el terrorismo, pero en general se entiende que los actos terroristas no son cualquier cosa: En el terrorismo se requiere aterrorizar a la población mediante actos que generan multiplicidad de víctimas inocentes e indiferenciadas. Atocha y las Torres Gemelas fueron actos de terrorismo.

La Dina era una asociación ilícita terrorista.
La violencia social difusa y descentralizada es un fenómeno muy diferente, pero el poder no sólo reprime, sino que al hacerlo impone sus lógicas mediante violencia física e ideológica.

¿Cómo calificarías las pruebas presentadas por el Ministerio Público para inculpar a los 14 detenidos en el marco de la “operación Salamandra”?

La impresión general en los defensores era que si eso es lo que tienen, y les ha tomado tantos años de trabajo, es abrumadoramente débil. Y ellos lo saben: por eso es que se basan sobre todo en pericias “científicas” que demostrarían que hay un modus operandi que se repite tras las distintas acciones. Pero es en lo relativo a demostrar que existe esta asociación ilícita y que Pablo y Rodolfo son sus “líderes” donde recurren nada más que a lo que el mismo Peña señala que en estos casos pasa a ser la “reina de las pruebas”: la prueba indiciaria, indirecta. Entonces, estas dos personas son líderes porque según informes de la Dipolcar “tienen perfil de líderes” (dado que son mayores que el resto y tienen cierta “formación intelectual”), y aunque en las intercepciones telefónicas no se diga nada de nada en términos de algo que resulte relevante para avalar estas acusaciones tan tremendas, no importa, porque hay que entender que “hablan en clave”, que “se protegen de posibles intercepciones”, etc.

Así, al final, da lo mismo lo que se diga o haga, lo que cuenta es la manera en que el poder policial/mediático lo presenta e interpreta, y ahí es donde se puede decir que estos compañeros aparecen condenados de antemano.

Algo importante de señalar es que resulta evidente que lo que el Ministerio Público quiere es trasladar la manera en que exitosamente han reprimido organizaciones de narcos a la lucha contra los anarquistas. Los argumentos y hasta el power point usado en la audiencia del 17 de agosto parecen calcados de lo que han dicho y hecho en famosos procesos como el de los “Carejarro” y los “Carepelota”.

La Fiscalía Sur ha iniciado un proceso para pasar la causa del “Caso Bombas” del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, donde hoy se lleva el caso, al 11º Juzgado. Según tu opinión ¿Qué hay detrás de esta solicitud?

En el 8º han tenido problemas, pues algunos jueces han cuestionado algunos de sus procedimientos y solicitudes (por ejemplo, para levantar el secreto bancario de algunas cuentas). Y los tribunales que hasta ahora habían conocido de distintos aspectos del caso eran el 8º y el 7º, que quedan bajo la órbita de la Corte de Apelaciones de Santiago. Los tribunales de la zona sur, y la Corte de San Miguel, son notoriamente más duros que los del resto de la Región Metropolitana, y en ellos la Fiscalía Sur obtiene en general un alto grado de éxito. Por eso no es casual que hayan buscado la forma de llevar el caso ahí, mediante el expediente de decir que el único bombazo registrado en esa zona (en oficinas de Chilectra, durante octubre del 2007) es -según ellos- el primer hecho realizado por esta asociación ilícita, y por eso es que sería competente este tribunal y no el 8º ni el 7º. Se trata de un criterio más que dudoso, considerando que ellos mismos han señalado que la AIT se constituyó por ahí por el 2005 y que el grueso de los bombazos investigados han ocurrido en el centro y la zona oriente. En todo caso, el tema de la competencia no está resuelto y es lo que se va a discutir en breve, como segunda fase del proceso iniciado con los allanamientos y detenciones del 14 de agosto.

Finalmente, la prensa ya comienza a hablar de nuevos activistas anarquistas y/o anti-autoritarios en la mira del Fiscal Peña. Desde tu posición ¿Cómo evalúas el momento actual?

Creo que este golpe represivo busca amedrentar y desmoralizar al conjunto de los anti-autoritarios. En la práctica, implica la criminalización de la solidaridad, de la amistad con los imputados y/o prófugos, la estigmatización de ciertos espacios y textos, prácticas y discursos, no porque sean “ilícitos” en sí mismos sino porque son susceptibles de ser relacionados con esta alucinante e inclasificable “asociación ilícita”. En este contexto, no creo que los agentes represivos del Estado/Capital se hayan quedado tranquilos. Son hartas personas trabajando a tiempo completo en dar respuestas al Gobierno, los medios y su público, por lo cual creo que podemos dar por hecho que, aunque se concentren por ahora en los 14 del 14, la lista de sospechosos y posibles perseguidos puede ir aumentando.

Frente a eso, hay que saber buscar un punto intermedio entre no “regalarse” ni ponerse paranoide, cuidando los movimientos y sobre todo el uso de las comunicaciones (porque cualquier cosa puede ser usada en tu contra dentro de este esquema de persecución delirante, y los niveles de sapeo que permite la “tecno-represión” son abismantes). Como dijo Baltasar Gracián en el siglo XVII, “fácil es de matar al vuelo el ave que le tiene seguido, no así la que le tuerce”. Pero por sobre todo, hay que romper el aislamiento en que se quiere dejar a los presos, profundizar e incrementar las acciones y gestos concretos de solidaridad.


Fuente: www.elsurco.net

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